90 días le dan a Guillermo Gallegos para que explique como ha incrementado su patrimonio: CSJ.
Probidad habría pedido explicaciones por más de tres millones de dólares y que ahora tendrá el espacio para desvanecer.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concedieron un plazo de 90 días para que el presidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos, tenga la oportunidad de explicar 103 hallazgos que la Sección de Probidad ha detectado en el incremento de su patrimonio y grupo familiar.
Probidad habría pedido explicaciones por más de tres millones de dólares y que ahora tendrá el espacio para desvanecer. Fue el mismo Diputado Gallegos quien solicito el plazo adicional, por la sobrecarga de trabajo que tiene al frente de la Asamblea Legislativa.
Se confirmó que el documento que contiene el informe de auditoría a su patrimonio, le fue notificado el 5 de julio y que dos días después Gallegos respondió a la notificación pidiendo un plazo prudencial para hacer las aclaraciones del caso.
Las preguntas a responder serían para él y su grupo familiar, por algunos depósitos y retiros de cuentas bancarias, como también la compras de vehículos y por algunas transacciones de bienes inmuebles.
Ante la petición de alargar el plazo para recopilar la información necesaria, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia concedieron un plazo de 90 días, para que Guillermo Gallegos pueda recolectar la información necesaria para explicar los hechos.
“Somos 300 funcionarios los que estamos siendo auditados en la Sección de Probidad de la Corte, en mi caso personal me están auditando desde el año 2015, es decir ellos (Probidad) han tenido casi dos años y para poder desvanecer las observaciones, solicite que se me ampliara el plazo para poder dar soporte a todos mis desvanecimientos, lo cual fue considerado por corte plena y fue resuelta a mi favor”, aseguró a Diario La Página, el presidente de la Asamblea Legislativa.
“Ahora es mi turno para ejercer mi defensa y demostrar que todo está en orden y justificado ante la sección de probidad”, detalló el parlamentario.
“Todos los funcionarios estamos sometidos al escrutinio público y nadie se escapa”, acotó Guillermo Gallegos.
En contraste y de forma no oficial, esta semana se ha sabido que el caso del magistrado Belarmino Jaime ya habría sido resuelto y que la Corte Suprema de Justicia habría fallado a su favor. Al ser información manejada con cierta reserva, no se sabe precisar si el magistrado logró desvanecer los reparos hechos por Probidad o si en su caso no existió ningún tipo de inconsistencia. El Caso de Guillermo Gallegos forma parte de un listado de funcionarios o exfuncionarios en los que también estarían Ana Vilma de Escobar y Luis Mario Rodríguez, entre otros.
En todo lo que va del año 2017 la CSJ no ha enviado ni un solo caso a juicio por enriquecimiento ilícito. El dato es relevante al comparar el ritmo, los plazos e incluso los criterios con los que la comisión de probidad y la corte plena, trataron este tema en el 2016. Es más, por orden de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los casos que se ventilan en la Sección de Probidad se manejan de forma reservada, hasta que no haya decisión en firme de mandar o no a juicio a los funcionarios auditados.
Las inconsistencias en el incremento patrimonial e incluso los casos remitidos a juicio civil por enriquecimiento ilícito, tienen ahora una nueva perspectiva, dado que algunos señalados han logrado desvanecer en la misma sección de Probidad los señalamientos que les han hecho o como el caso del diputado Reynaldo López Cardoza que logró salir airoso de su juicio civil por enriquecimiento ilícito.
Finalmente el funcionario expresó que confía en la institucionalidad del país y que está llevando a cabo la recopilación de la información restante, para ser presentada a la sección de Probidad.
“Yo voy a desvanecer, estoy seguro, las observaciones. Voy a demostrar que todo es justificado y que todo está en orden”, dijo el parlamentario.
Con información de @elsalvador.com y resolución de CSJ.